1.- EL CUMPLIMIENTO de la ley debería ser argumento suficiente. Igual que hay una norma que impide circular a más de 120km/h en autovía, la que regula las televisiones autonómicas establece que éstas deben emitir exclusivamente en su ámbito territorial. Si no gusta la ley, que se cambie, pero en un Estado de Derecho, las leyes están para cumplirse. El cierre de repetidores no es una cacicada ni una arbitrariedad, es el resultado de la aplicación de la ley por parte de los jueces.
2.-Nos cuesta dinero. Hay potenciales anunciantes que Canal 9 pierde por la competencia de TV3 en la Comunidad Valenciana. Todo lo que RTVV deja de ingresar se cubre con los presupuestos de la Generalitat, es decir, con dinero que sale del bolsillo de los valencianos.
3.- TV3 es antivalenciana. Jamás ha respetado ni la denominación oficial ni el marco territorial que fija nuestro Estatuto. De forma sistemática, la cadena incluye a la Comunidad como una parte más de Cataluña. Esa línea editorial se inscribe dentro de la política de la Generalitat de Cataluña de utilizar sus medios oficiales para identificar como catalanes hechos y manifestaciones culturales valencianas que, en muchas ocasiones, nada tienen que ver con la lengua.
4.- No hay reciprocidad. Durante lustros, las autoridades catalanas han tenido la posibilidad de permitir emisiones de Canal 9 en Cataluña y se han negado. Gracias a los repetidores tenían la sartén por el mango. Sólo cuando han visto peligrar esa situación abusiva se han venido a plantear la reciprocidad.
5.- No ver TV3 no supone ninguna merma de libertad de expresión o información.Ambas están garantizadas por la gran oferta de medios de comunicación existente. Sería como decir que esos derechos están dañados por la dificultad de sintonizar Canal Sur, Telemadrid o la BBC, al margen de que internet y las plataformas digitales permiten hoy seguir la programación de TV3. La Generalitat de Cataluña no es la más indicada para dar lecciones de libertad de expresión. El reparto que ha hecho de las frecuencias radiofónicas ha sido un escándalo, marginando a las cadenas no afines a la causa nacionalista. Por no hablar de la persecución a los castellanohablantes, multas incluidas.
6.- Los horrendos repetidores de TV3 suponen una agresión al entorno. Algunos se levantaron en enclaves de indudable valor paisajístico.
Los aragoneses TAMPOCO se muestran proclives a los acuerdos de reciprocidad que garantizan las emisiones de TV3 en territorio aragonés:
La atenta lectura del Convenio de colaboración para la difusión de las emisiones de los canales de televisión de titularidad pública en los territorios respectivos firmado por los gobiernos de Aragón y Cataluña el día 13 de octubre de 2010 permite comprobar la sorprendente desproporción entre las concesiones y compromisos de una y otra parte, próxima a la sumisión por parte aragonesa. Si la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, contempla la reciprocidad en los convenios que para estos supuestos puedan firmar comunidades autónomas limítrofes, en éste que comentamos esa reciprocidad brilla, de forma notable, por su ausencia.
Nada hay que objetar a la extensión de la libertad en el ámbito de las telecomunicaciones audiovisuales, puesto que se amplía la capacidad de elección de los ciudadanos. Es obvio que la elección de un canal televisivo nunca se impone. Pero junto al interés catalán, que se invoca en el convenio para justificarlo, por extender su lengua, su cultura y, no lo olvidemos, su información con su particular tratamiento y orientación, sorprende el escaso interés del Gobierno de Aragón por ofrecer la televisión aragonesa a nuestros conciudadanos que viven o veranean en Cataluña. Barcelona es una ciudad con una fuerte presencia aragonesa y otro tanto puede decirse de la Costa Dorada, zonas que quedan fuera del ámbito de aplicación del convenio de colaboración.
Así, mientras que el Gobierno catalán podrá pasar a emitir desde treinta y cuatro repetidores aragoneses, nuestro Gobierno expresa la modesta pretensión de asegurar la recepción de la programación aragonesa en los centros emisores que ya está utilizando en Cataluña, fundamentalmente para garantizar la cobertura de la señal en nuestro propio territorio: es decir, en dos, Alpicat en Lérida y Montcaro en la zona de Beceite. O sea, seamos claros, se acepta mansamente la colonización cultural, que inevitablemente será también política, sin reciprocidad alguna, ni en aquellas zonas donde la abundante presencia aragonesa la justificaría.
El Gobierno catalán asume el coste de adquisición de los equipos que instalará en nuestro territorio y facilitará nuestras emisiones desde los dos repetidores citados antes. El Gobierno aragonés asume la instalación de esos equipos catalanes y, de forma a nuestro juicio inexplicable, los gastos corrientes derivados de su mantenimiento. Es decir, el Gobierno de Aragón asume unos gastos que no son equitativos con los que aparentemente asume el Gobierno catalán, acepta sumisamente la colonización cultural y política y renuncia al legítimo interés de ofrecer la señal de la televisión aragonesa a la abundante población de origen aragonés residente en Cataluña.
Ignoramos qué prioridades políticas pueden justificar la firma de un convenio en esas condiciones de desigualdad tan evidentes, pero sí cabe decir que las mismas son muy coherentes con la línea de actuación de nuestro Gobierno respecto a nuestros vecinos catalanes.
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